La okupación se ha convertido, junto con los impagos del alquiler, en el gran quebradero de cabeza de los pequeños propietarios de viviendas en España. Según calcula la Plataforma de Afectados por la Ocupación, este problema afecta a unos 100.000 inmuebles en todo el país y cada día se producen cerca de 40 nuevas okupaciones de viviendas. Los datos oficiales sitúan a Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid como las regiones más afectadas del país.
En muchos casos, son los propios propietarios quienes, sin saberlo, fomentan y legitiman la okupación de sus inmuebles. Por ejemplo, negociando con los okupas el pago de los suministros del piso para intentar aminorar el impacto económico. Actos que, aunque sean de buena fe, dan pie a los inquilinos ilegales, ya que dejan entrever que podría haber un contrato verbal de arrendamiento.
Negociar con los inquilinos ilegales el pago de las facturas o dar de baja los suministros una vez que la casa está okupada son algunos de los más frecuentes y peligrosos
Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) explican que “en muchas ocasiones, el coste de las okupaciones para los propietarios es altísimo, porque además de verse privados del uso de sus viviendas, tendrían que asumir un alto coste por el pago de los suministros que las viviendas tengan contratados a su nombre, además de seguir pagando los gastos comunitarios, y por último, todos los gastos jurídicos que conlleven la tramitación procedimientos judiciales y los gastos para reparar los desperfectos existentes a la marcha de los okupas”.